Cabecera: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA
ADMON.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de
Justicia de Asturias
Fecha: 29/10/2010
Tipo
resolución:
Sentencia
Sección: Primera
Número
Sentencia:
1185/2010
Número
Recurso:
1311/2008
ENCABEZAMIENTO:
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA: 01185/2010
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
RECURSO: 1.311/08
RECURRENTE: Dª Eufrasia y otros 2.
PROCURADOR: D. Enrique Torre Lorca
RECURRIDO: SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
PROCURADOR: D. Ramón Blanco González
CODEMANDADO: ZURICH ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
PROCURADORA: Dª Pilar Oria Rodríguez
SENTENCIA nº 1185/10
Ilmos. Sres:
Presidente:
D. Julio Luis Gallego Otero
Magistrados:
D. Rafael Fonseca González
D. José Manuel González Rodríguez
En Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil diez.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados
reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso
contencioso administrativo número 1.311/08 interpuesto por Dª Eufrasia , D.
Carlos Jesús y D. Luis Enrique , representados por el Procurador D. Enrique
Torre Lorca, contra el SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA),
representado por el Procurador D. Ramón Blanco González, y parte codemandada la
entidad ZURICH ESPAÑA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la
Procuradora Dª Pilar Oria Rodríguez. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D.
Julio Luis Gallego Otero.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.-
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se
confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó
en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se
dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó
suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso
interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho,
con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el
recibimiento del recurso a prueba.
SEGUNDO.-
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo
en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se
opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente
administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando
que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que
desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con
imposición de costas a la parte recurrente.
TERCERO.-
Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo
hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del
recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al
actor.
CUARTO.-
Por Auto de 31 de marzo de 2009, se recibió el procedimiento a prueba,
habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el
resultado que obra en autos.
QUINTO.-
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a
las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y
forma.
SEXTO.-
Se señaló para la votación y fallo del presente el día 27 de octubre pasado en que
la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la
ley.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- Las partes recurrentes interponen recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación presunta por la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, de la reclamación de
responsabilidad patrimonial que presentaron por los daños y perjuicios sufridos
por el fallecimiento del esposo y padre de los mismos a consecuencia del
anormal funcionamiento del Centro de Salud de Teatinos.
Con la acción ejercitada pretenden que se declare la responsabilidad
patrimonial de la Administración por los hechos ocurridos el 18 de marzo de
2008, con resultado de fallecimiento de su esposo y padre, y se condene a la
Administración a abonar la cantidad de 151.691,89 euros, con desglose que se
indica en el fundamento cuarto de la demanda, más intereses legales del
artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro respecto de la Aseguradora Zurich y
más los intereses moratorios frente a la Administración demandada.
Pretensiones declarativas y de condena que se basan en que concurren los
requisitos necesarios para el reconocimiento de la responsabilidad demandada
por incorrecto funcionamiento del servicio sanitario y la relación de
causalidad entre la demora en la atención prestada y el resultado dañoso
producido. En concreto son varias las negligencias en que incurre la
Administración: La de permanecer abierto al público los sábados un Centro de
Salud con servicio de urgencias sin personal sanitario, dejando en manos del
guarda de seguridad la valoración de la urgencia de los pacientes y de avisar
al personal sanitario, en este caso llamó al médico pasados cuarenta minutos
desde que el paciente y su esposa acudieron al centro con mareos y mal estado
general, y por indebida gestión de los recursos profesionales sin establecer un
sistema de rotación de turnos entre el médico de guardia y el ATS que prestaban
servicios en el centro, dejando cubierto el servicio por uno de ellos en
ausencia del otro, de manera que fuera posible su localización y presencia
inmediata en aplicación del Real Decreto 3110/1997, de 28 de octubre , que
regula los turnos de guardia y localización en los servicios jerarquizados de
instituciones sanitarias.
SEGUNDO.- La Administración sanitaria demandada se opone a la demanda al no
concurrir los requisitos que configuran la responsabilidad patrimonial de la
Administración, pues admitiendo como retraso en la atención más probable el de
treinta minutos, ninguna influencia tuvo en la evolución de la dolencia
cardiaca del fallecido, que llegó al centro de salud con mareo, urgencia que
debe ser atendida en una hora según el sistema de clasificación de urgencias,
en todo caso, aún sospechando el infarto de miocardio desde el principio, una
actuación más precoz sólo habría conducido a que el enfermo presentase parada
cardiorespitaroria camino del hospital en la UVI móvil, y toda la actuación
inicial y posterior hubiera sido la misma, ya que sólo cuando un enfermo
presenta una fibrilación ventricular se tiene que actuar de forma diferente con
desfibrilación eléctrica, lo cual se hizo cuando fue necesario, es decir,
cuando presentó la parada cardiorrespiratoria. Máxime cuando los centros de
salud no son servicios de urgencias sino centros de atención primaria y
continuada con un horario y actuación limitada, derivándose al enfermo al
centro hospitalario, decisión que pudo adoptar su esposa al cerciorarse que el
personal médico no se encontraba en el centro de salud y que conocía como ciudadana
el teléfono de urgencias 112 y por su propia profesión de auxiliar sanitaria
del servicio de psiquiatría en el Hospital Central de Asturias.
En parecidos términos postula la desestimación de la demanda defendiendo la
legalidad del acto recurrido la parte codemandada aseguradora de la
responsabilidad de la Administración sanitaria, por inexistencia de nexo causal
entre la demora en la asistencia alegada y el fallecimiento del paciente, dado
que el síntoma con que acudió al centro sanitario no es una urgencia inmediata
y una actuación más precoz no habría evitado el fatal desenlace al tratarse de
una patología de carácter letal, y con una amplia mortalidad asociada al
proceso clínico. Para finalizar su alegato esta parte litigante aduce la
ausencia del requisito de antijuricidad de los daños sufridos, ya que la
actuación del servicio sanitario se ajustó a las exigencias de la "lex
artis ad hoc".
TERCERO.- De lo que antecede resulta que las partes litigantes discrepan en
la concurrencia de los presupuestos exigidos para la viabilidad de la acción
ejercitada en demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración
sanitaria demandada. Para el recurrente existió demora por la deficiente
organización sanitaria del servicio sanitario, dado que el paciente falleció a
las dos horas de llegar al centro médico tras una espera en ser atendido, lo
que descarta la muerte súbita, siendo difícil e imposible prever cual hubiera
sido el resultado si el esposo de esta parte hubiere recibido una asistencia
sanitaria inmediata cuando acudió al centro médico. Y para las codemandadas, no
hay relación causal alguna ente la actuación del servicio sanitario y la
dolencia padecida por el esposo y padre de los recurrentes, ni la tardanza en
la asistencia de treinta minutos influyó en el resultado final, pues si al
enfermo se le hubiese atendido antes la actuación sería la misma, ya que
lamentablemente la dolencia sufrida y su desarrollo posterior, se hubiese
producido cualquiera que hubiese sido el funcionamiento del servicio de Atención
Continúa, porque la causa del fallecimiento tiene su origen más probable en el
infarto agudo de miocardio, lo que le hace impredecible y únicamente cuando la
clínica aparece, se puede actuar como en el presente caso.
De lo que antecede resulta que la divergencia está más que en los hechos y
en la actuación sanitaria prestada en el centro de salud una vez que se persona
el médico, en la incidencia de la demora asistencial en el resultado dañoso
producido, para lo cual las partes se remiten a sus respectivos informes y la
prueba pericial propuesta por las partes recurrentes. En este devenir de los
acontecimientos hay que poner de relieve los antecedentes asociados al
funcionamiento del servicio y a la sintomatología que presentaba al paciente
cuando llegó al centro de salud a las 15.20 horas del sábado 18 de marzo de
2006, para poder aclarar qué tipo de asistencia requería, y concluir con la
operación de subsunción o exclusión de los mismos en los supuestos legales a
los efectos pretendidos por cada una de ellas.
Entre las primeras premisas destacaremos que el citado centro de salud
prestaba asistencia continuada en horario de presencia física y localizada al
permitir la ausencia del personal sanitario para atender urgencias y sus
propias necesidades, contando para la prestación de servicios con un médico y
una enferma. Organización y dotación defectuosa y insuficiente por los medios
disponibles, la sobrecarga de trabajo y la población a la que atienden estos
centros sanitarios, produciendo déficits asistenciales según los estándares
socialmente requeridos de inmediatez, eficacia y calidad, que venían siendo
objeto de críticas y denuncias por los médicos y el resto del personal
sanitario destinados en los mismos, problemática que se exterioriza con la consiguiente
denuncia en los medios de comunicación social y planteamiento de un conflicto
laboral por parte de dicho personal con motivo de los hechos que en el presente
recurso se enjuician. La Administración demandada en la información previa
sobre los hechos admite que la organización de la Atención Continuada en el
Centro de Salud no es la adecuada, toda vez que no resulta correcto que durante
los períodos de guardia localizada, la decisión de avisar al médico para la
atención de un paciente a través de un vigilante de seguridad, dependa de la
valoración del propio paciente y su familia que, lógicamente carecen de
conocimientos clínicos necesarios. Necesidad de modificar el sistema
organizativo de la Atención Continuada en el Centro de Salud que se ha traducido
en la adopción de medidas de aumento de plantillas y centralización de los
servicios de guardia de acuerdo con unos protocolos.
Y entre las segundas, que el paciente al encontrarse enfermo con los
síntomas descritos llegó a un centro de salud abierto en horario de sábados y
domingos, siendo recibido por un vigilante de seguridad quien le toma los datos
y le informa que espere en una de las salas. Durante este tiempo empeora
progresivamente su estado con dolor torácico y clínica vagal tumbándose en las
sillas, acudiendo el médico tras ser avisado por el guarda de seguridad,
transcurridos cuarenta minutos, a requerimiento de la esposa por la
circunstancia señalada. El facultativo al sospechar la dolencia cardiaca le
suministra medicamentos y oxígeno por gafas nasales, realiza cardiograma y
avisa a una ambulancia ante la gravedad de su estado. En este vehículo sufre
una parada cardiorrespiratoria falleciendo al no responder a la reanimación.
La relación anterior pone de manifiesto de una parte, el defectuoso
funcionamiento del servicio por tener abierto un centro de salud que atiende
urgencias sin personal sanitario, no consta que en la fecha de los hechos
figuraran avisos ni notas sobre la actuación de los pacientes y sus familiares
en estos casos, asumiendo el registro y control de los enfermos un vigilante de
seguridad encargado de avisar el médico y seguir sus indicaciones. Este modelo
excluye cualquier responsabilidad de los usuarios al margen del conocimiento
general del teléfono de urgencias y de que en este caso se podía esperar ese
modo de actuar por la profesión sanitaria de la esposa acompañante del enfermo,
pues éstos acuden a un centro para ser atendidos de una urgencia y confiaban
que lo fuera por los propios medios y otros del sistema, sin tener que
preocuparse de factores ajenos, máxime en situaciones de preocupación y
nerviosismo que producen las enfermedades cuando se presentan de improvisto. Y
de la otra, que estábamos en una situación de urgencia no solo por los síntomas
iniciales sino los que fueron apareciendo sucesivamente empeorando su estado
que hubiere requerido una evaluación inmediata por el personal sanitario para
precisar qué tipo de atención requería dentro del protocolos de urgencias, en
lugar de la espera y demora en la atención de cuarenta minutos dependiendo del
aviso y de la percepción de la situación de un vigilante de seguridad que no
está capacitado para la recepción de los enfermos ni indicar qué tipo de
atención requería.
Mal funcionamiento del servicio, bajo la forma de un déficit organizativo,
que se reconoce en el informe técnico de evaluación emitido el 23 de abril de
2007 por el Servicio de Inspección Sanitaria de la Administración demandada, ya
que él durante el período de guardia en régimen de localización, la gravedad o
urgencias de las patologías que aquejan los pacientes que demandan asistencia
en los Centros de Salud queda a la mera consideración del propio paciente o sus
acompañantes y del guardia de seguridad. Esta situación es impropia de un
servicio que se denomina de urgencias, en que junto a patologías en la mayor
parte de los casos banales, se presentan situaciones de extremada gravedad que
requieren una respuesta inmediata y, por tanto, la presencia continuada del
personal sanitario. Así como la demora en la atención del paciente con una
patología de extrema gravedad y que la de asistencia en tiempo tal vez hubiera
producido un desenlace diferente del ocurrido. Juicio de valor que se rectifica
en el informe complementario realizado el 5 de diciembre de 2007 a la vista de
trípticos informativos a disposición del público en el centro de salud sobre la
organización de la Atención Continuada, y del dictamen médico de la compañía
aseguradora que no estamos ante una urgencia vital y que ésta debía ser
atendida en el plazo de una hora. En el mismo sentido se emite el dictamen del
Consejo Consultivo por funcionamiento deficiente del servicio al privar al
enfermo de una valoración precoz de los síntomas que presentaba y de la
instauración en un momento más oportuno de un tratamiento acorde con los que se
iban manifestando. Rechazando en este caso las incidencias de las instrucciones
sobre la organización del servicio de los Centros de Salud, ya que ante una
demanda de atención sanitaria urgente, no se derivó la petición al 112, sino
que se localizó y se requirió la presencia de un facultativo mediante una
llamada telefónica.
Acreditada la demora en la atención prestada por el defectuoso
funcionamiento del servicio y la falta de oportunidad terapéutica al haber
instaurado el tratamiento a destiempo, procede estimar la responsabilidad que
se postula dado que el tiempo es fundamental para atender la patología que
presentaba el paciente por la gravedad del cuadro, y que su demora disminuye o
elimina las posibilidades de recuperación y de supervivencia.
CUARTO.- Declarada la responsabilidad por el anormal funcionamiento del
servicio de salud, resta por examinar la cuantía de la indemnización reclamada
por fallecimiento para la esposa e hijos con remisión a la Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones de 24 de enero de 2006. Concepto
asociado al daño moral que supone la muerte del esposo y padre, la aplicación
de baremos de otros ámbitos de responsabilidad civil al no disponer de sistema
propio de cuantificación de estos perjuicios con el fin de evitar
discriminaciones, y los elementos concurrentes para aplicar las tablas
establecidas en el baremo aplicado que no resultan controvertidos, al margen de
la consideración de las partes codemandadas de que son desproporcionadas y
excesivas las cantidades reclamadas pero sin justificar este aserto, amén de
que sea cierta la alegación de una de ellas de que no hace asignación concreta
de a quien correspondería las indemnizaciones por daños materiales. Por ello debe
concederse con relación a la esposa la cantidad de 96.614.12 € y a cada uno de
los hijos la de 8.051 €, sin hacer la reducción que propone la compañía
aseguradora codemandada, pues descansa en hipótesis estadísticas sobre los
porcentajes de supervivencia en esta clase de patologías, datos abstractos que
no son suficientes para llegar a una deducción objetiva sobre su influencia
concreta en este caso al depender de múltiples factores asociados a cada
enfermo y su reacción ante las medidas que se adopten.
Si resulta aplicable el factor de corrección del 10% que se demanda en el
presente recurso y que omite en la reclamación administrativa, pues se trata de
una cantidad prevista en el citado baremo al margen de las condiciones
socio-económicas de los perjudicados por lo que no debe ser objeto de
reclamación y justificar que concurren los presupuestos.
Respecto a la indemnización de los daños morales para la esposa del
fallecido por importe de 20.000 euros, se incurre en desviación procesal al no
constar que fue reclamada en vía administración como señalan las partes
codemandadas, siendo ésta la causa de su inadmisibilidad sin entrar al
enjuiciar si resulta procedente.
El siguiente concepto objeto de reclamación es el lucro cesante dejado de
obtener por la viuda a causa del fallecimiento de su esposo, en concreto su
baja laboral y la paralización de camiones. En cuanto a la primera pérdida
asociada a la incapacidad laboral de la esposa, de profesión auxiliar sanitario
en el Servicio de Psiquiatría en el Hospital Central de Asturias, consta
acreditada con la documental aportada la causa de esta situación por trastorno
ansioso-depresivo, de larga duración, y el tratamiento médico a que fue
sometida asociada al stress post-traumático por el fallecimiento repentino de
su esposo. Durante esta situación, dejó percibir las retribuciones
complementarias de su puesto de trabajo y que se corresponden a su desempeño
efectivo. Confrontadas las nóminas que percibió durante el período de baja
laboral con las que normalmente recibía, resulta acreditada la cantidad de
1.069,01 €. Por lo que respecta a la segunda, los datos de los que se deriva la
consecuencia dañosa, no son suficientes para darla por acreditada al ser
titular el fallecido de una empresa de transporte con varios vehículos, no
pudiendo determinar la incidencia económica del fallecimiento de esa persona en
el contrato de transporte suscrito con la mercantil Miro, ni que indujera a la
venta anticipada de los camiones de la empresa de transportes por un precio
inferior.
Para finalizar se han acreditado con la aportación de la factura abonada por
gastos funerarios que ascendieron a 3.022,76 €.
En cuanto a los intereses, proceden únicamente los moratorios desde el 1 de
enero de 2007 al haber aplicado el baremo de daños del año 2006 que se
actualiza anualmente para compensar la depreciación monetaria que implica el transcurso
del tiempo y así alcanzar la restitución integral de los perjuicios. Procede
rechazar por el contrario los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato
de Seguro respecto a la aseguradora demandada, ya que la responsabilidad
patrimonial que se ejercita contra la Administración demandada es ajena a la
responsabilidad contractual y aquélla es llamada como garante de su
responsabilidad.
QUINTO.- En la conducta de las partes litigantes no se aprecia mala fe ni
temeridad en sostener la acción e interponer el recurso, ni concurren las
circunstancias especiales que como presupuestos para la imposición de las
costas que pudieran devengarse en esta instancia de establece el artículo 139.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
FALLO:
En
atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que estimando el
recurso interpuesto por Don Enrique Torre Lorca, Procurador de los Tribunales,
en nombre y representación de Doña Eufrasia , y don Carlos Jesús y don Luis
Enrique , contra la desestimación presunta por la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, de la reclamación de
responsabilidad patrimonial que presentaron por los daños y perjuicios sufridos
por el fallecimiento del esposo y padre de los mismos a consecuencia del
anormal funcionamiento del Centro de Salud de Teatinos, debemos declarar y
declaramos disconforme a derecho el acto administrativo impugnado, que por tal
razón, anulamos, y como efecto la responsabilidad patrimonial de la
Administración demandada a la que se condena indemnizar a los recurrentes Doña
Eufrasia la cantidad de 110.367,29 € y a don Carlos Jesús y don Luis Enrique la
cantidad de 8.856,29 € a cada uno, mas los intereses legales desde el 1 de
enero de 2007. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la
instancia.
Así
por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN:
En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA:
Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.
El
presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su
contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.
La sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)
estimó, de forma parcial, la reclamación presentada por la abogada Nuria
Morillo, en la que reclamaba una serie de indemnizaciones para su clienta. En
todo caso, "el núcleo de lo que reclamábamos ha sido estimado". De
esta forma, la Consejería de Sanidad del Principado tendrá que pagar a la
afectada un total de 200.000 euros.
