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¿Cuál es nuestro método de trabajo?

Morillo Fernández Abogados cuenta con una AMPLIA COLABORACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS Y PERITOS MÉDICOS, que estudiarán su caso, señalando las posibilidades de que exista una negligencia médica en la atención recibida: Una vez contemos con todo el historial clínico en nuestro poder, un perito experto en la materia tras el estudio del caso, emitirá un preinforme que nos ilustre sobre la atención prestada al paciente y la existencia de la negligencia médica, orientando al equipo jurídico sobre el posible error médico cometido, realizando la oportuna valoración pericial y económica, que será comunicada a nuestro cliente. Confirmada la existencia de mala praxis y, comunicado por nuestro cliente su intención de reclamar, se emitirá un posterior INFORME PERICIAL en el que concrete cuales han sido los errores médicos, fundamentándolos, estableciendo el nexo o relación de causalidad entre esos errores y el resultado lesivo o daño infringido a la víctima.



Una vez que se realiza el estudio médico de la documentación, se ha de realizar una VALORACIÓN JURÍDICA del caso para tener en cuenta el plazo del que se dispone para reclamar, cual es la vía jurisdiccional más adecuada y que resultados se han obtenido en casos de similares características, qué valoración puede realizarse del daño derivado de la deficiente atención médica y por tanto, cual es la indemnización a reclamar.
Así, para Morillo Fernández Abogados, el  éxito en las reclamaciones se fundamenta en el trabajo previo, con el estudio y la preparación del caso con rigor, interponiendo la demanda con el sólido convencimiento de que se ha producido una Negligencia Médica.


Un caso en Avilés cuestiona el protocolo para el corte del perineo en los partos
·         El TSJA obliga al Principado a indemnizar a una avilesina por negligencia médica en la incisión y recomienda el consentimiento previo de la paciente.


·
12.06.2015 | 02:36
F. L. J. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia que previsiblemente obligará a cambiar los protocolos de intervención quirúrgica que afectan a las embarazadas en el momento de dar a luz. En concreto, los magistrados apuntan a la necesidad de obtener el consentimiento informado previo de las parturientas antes de practicarles la episiotomía, una técnica consistente en hacer una incisión en el perineo (la zona que separa la mucosa vaginal del ano) para ampliar el canal por donde debe desarrollarse el parto y facilitar el mismo.
La agresividad de esta técnica, sus posibles consecuencias adversas y la posibilidad de causar daños perennes en la zona son las razones que aconsejan el consentimiento informado, un trámite muy extendido en otras especialidades quirúrgicas y que sirve para que el paciente reciba información clara y comprensible de los riesgos a los que se expone en caso de ser objeto de determinadas prácticas quirúrgicas y pueda luego decidir libremente si quiere o rechaza ser sometido a las mismas.
De este modo, si la Consejería de Salud del Principado hace suyo el punto de vista del TSJA (avalado de forma genérica por pasadas sentencias del Tribunal Supremo con el ánimo de reforzar los derechos de los pacientes), las embarazadas asturianas sabrán oficialmente y por escrito de las posibles consecuencias de una episiotomía y luego decidirán si quieren que le sea practicada en caso de necesidad o no.
Todo lo anterior es consecuencia de la resolución de un recurso contencioso-administrativo que presentó una avilesina de 32 años a la que le practicaron una episiotomía en el Hospital San Agustín con resultados desastrosos. La mujer, a la que representa la letrada Nuria Morillo Fernández, sufrió debido a esa incisión (que en realidad fueron dos, algo que contraviene la praxis médica convencional) un gran desgarro vaginal y rectal que le afectó seriamente al esfínter anal y le dejó secuelas en forma de incontinencia de gases y heces. La tardanza de un año en reconstruirle la zona perpetuó -aunque atenuadas- esas secuelas y, por eso, el TSJA apreció negligencia médica y condenó a la Consejería de Salud abonar a la recurrente la cantidad de 74.215 euros más 7.500 en intereses devengados desde la fecha de los hechos. Previa a la acción contencioso-administrativa, la mujer había reclamado por la vía administrativa pero sin éxito pues tanto la aseguradora como la Consejería desestimaron su queja.

El Sespa indemnizará a una mujer a la que se le extirpó la vesícula sin necesidad.
La paciente, vecina de San Martín, fue diagnosticada de una hepatitis causada por un medicamento y operada por error

·         NALÓN
30.12.2013

Sotrondio, Luisma DÍAZ. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a pagarle 19.256 euros, además de los intereses, a una vecina de San Martín del Rey Aurelio a la que se le extirpó, “sin causa que lo justificara”, la vesícula biliar en el Hospital Valle del Nalón.
Los hechos se remontan a finales de 2008, cuando la mujer, a tratamiento psiquiátrico desde hacía a los, comenzó a tomar un nuevo medicamento. En una primera ocasión acudió al hospital de Riaño con fuertes dolores que se le atribuyeron a una epigastralgia (dolor en la parte alta del abdomen). Días después volvió a urgencias, en situación más grave, porque a los anteriores síntomas se le añadían la ictericia (color amarillento de la piel) y coluria (orina oscura). Los médicos exploraron dos posibles causas, la primera la existencia de piedras en la vesícula, una opción que acabó siendo descartada, y la segunda, la existencia de una hepatitis tóxica medicamentosa, que acabó siendo el diagnóstico final. Esta hepatitis tóxica medicamentosa había sido causada por el fármaco que había empezado a tomar pocos meses antes.
En febrero de 2009, la paciente fue sometida por el Servicio de Cirugía a una intervención, la extirpación de vesícula biliar por laparoscopia, “creyendo la cliente que era una práctica habitual para solventar su problema de salud”, tal y como explicó la abogada que ha llevado el caso, Nuria Morillo. Sin embargo, tal y como indica la sentencia del TSJA, “el historial médico de la paciente” y las pruebas periciales aportadas al proceso “acreditan que se extirpó la vesícula sin causa que lo justificara, y aquí si debe apreciarse una mala praxis que determina la concurrencia de una responsabilidad patrimonial.
Según la letrada Nuria Morillo, la extirpación de vesícula biliar pudo producirse a causa de una “falta de comunicación” entre el servicio de Digestivo, que diagnosticó la enfermedad y descartó una dolencia vesicular, y el servicio de Cirugía, que acabó sometiéndola a la operación “basándose en un diagnóstico que ya se había revelado erróneo”.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias establece para la paciente una indemnización 870,46 euros por lo días de incapacidad producidos por la operación (6 días hospitalarios y 8 impeditivos) más 11.090 euros por la pérdida de la vesícula y 5.545 euros por “padecimiento quirúrgico” y todo ello con un 10% más de factor de corrección”. En total, 19.256 euros a lo que hay que añadir ·los intereses legales devengados desde la fecha de la reclamación”.
Enfermedad
La paciente, una mujer de San Martín, acudió al hospital de Riaño con fuertes dolores abdominales, ictericia y coluria.
Diagnóstico
Los médicos barajaron dos hipótesis, o piedras en la vesícula o una hepatitis medicamentosa, provocada por un fármaco que había empezado a tomar la mujer meses antes. Esta segunda hipótesis fue la correcta, y así fue diagnosticada.
Error
Pese al diagnóstico, la mujer, que pensaba que era parte del tratamiento de la enfermedad, fue operada sin necesidad y se le extirpó la vesícula biliar.
Indemnización

El Sespa pagará 19.256 euros a la paciente